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La Audiencia crea un turno urgente para resolver recursos por escuchas telefónicas

La medida acordada entre jueces, fiscales y policías pretende agilizar las investigaciones contra las redes del crimen organizado en la provincia

L a Audiencia Provincial creará un turno especial para resolver antes de 72 horas recursos contra la denegación de la intervención de escuchas telefónicas por parte de un juez de instrucción. Éste fue uno de los acuerdos alcanzados ayer en la segunda reunión de la comisión de Policía Judicial, en la que las fuerzas de seguridad unifican criterios con los magistrados, para obtener más eficacia en la lucha contra el crimen organizado. El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, señaló ayer que hasta ahora cuando un juez denegaba a la Policía «pinchar» un teléfono ante la sospecha de la inminente llegada de un alijo de droga, los agentes no recurrían y trataban de buscar mediante otras vías las pruebas para evitar el hecho delictivo. Por ello, las fuerzas de seguridad habían trasladado a los magistrados que les aclararan los requisitos necesarios para autorizar una intervención telefónica.

Según el acuerdo alcanzado ayer, la Fiscalía podrá plantear un recurso ante la Audiencia cuando el juez de instrucción deniegue adoptar estas medidas. En un plazo de tres días, los magistrados deberán decidir si procede o no la intervención. Si el recurso se tramitara por una vía ordinaria, podría tardar más de un mes en resolverse, y la medida no sería efectiva.

Otros puntos que se abordaron en la reunión de ayer es cómo debe obtenerse una prueba de ADN o si es necesaria una orden judicial para la leer los mensajes de texto de los móviles. El presidente de la Audiencia señaló que en los casos de delitos flagrantes los agentes podrán leer los mensajes de texto recibidos en un móvil, del mismo modo que pueden entrar en una vivienda cuando tienen la certeza de que en el interior se está cometiendo un delito. La falta de espacio en las casas cuartel y comisarías para guardar pruebas judiciales fue otro de los temas abordados en la reunión de ayer.

En la comisión se plantearon problemas de coordinación que han detectado los jueces de Vigilancia Penitenciaria en los casos de los reclusos que no vuelven a la prisión tras un permiso. La juez de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, Montserrat Navarro, señaló que se había pasado de una situación en la que hasta tres juzgados distintos dictaban una orden de busca y captura (el de guardia, el que puso la sentencia y el de propio vigilancia penitenciaria) a que no lo haga ninguno de ellos porque no se sabe a quién le corresponde esta competencia. En la reunión de ayer, se acordó que basta con que el centro penitenciario comunique a las fuerzas de seguridad que un preso no ha vuelto a la cárcel para que éstas puedan proceder a su localización y arresto. Se estima que en estos momentos hay catorce presos en toda España en esa situación